OPA La Polar mayo 2009

La Polar (LP) fue un caso de éxito notable y real desde 1998, cuando salió de la quiebra vía la entrada del fondo de inversión Southern Cross (SC). Aumentó sus ventas desde $ 89.000 millones en el 2000 hasta $ 325.000 millones el 2006, año en que el fondo vendió su participación. Las utilidades subieron desde $ 2.000 millones el año 2000 a $ 29.000 millones el 2006. Las acciones rentaron 270% desde su apertura a bolsa el 2003 hasta octubre del 2006.

En términos simples el problema de LP es su cartera de crédito y en particular los clientes morosos que fueron renegociados unilateralmente. La cartera de créditos reprogramados estaba bajo control hasta la venta de SC el año 2006, representando no más del 5% de la cartera total.

En mayo del 2009, SC lanzó una OPA para tomar nuevamente el control de la empresa vía la fusión con Supermercados del Sur (SdS). Esta última era una empresa sana recién adquirida por el fondo. Lamentablemente para los accionistas de LP, su directorio rechazó esta oferta. Esto gatilló la salida de los últimos 2 representantes del Fondo del directorio. ¿Por qué fue rechazada esta oferta y por qué la realizó SC?

Los motivos del rechazo de la OPA por parte del directorio no son claros, especialmente considerando que la gerencia debió estar en conocimiento del deterioro de la cartera morosa de la LP. A esas alturas las reprogramaciones automáticas representaban cerca de US$200 millones. Esta cifra era abordable por la empresa, pero claramente hacía demasiado favorable la OPA para los accionistas de LP en desmedro de SdS o SC ¿Por qué no trató o no pudo la gerencia convencer al directorio de las bondades de la oferta? Es posible que la gerencia quisiera seguir manejándola a su arbitrio y beneficio la empresa; les acomodaba ser “los controladores”, valga la redundancia, sin control.

Lo que está claro, es que SC lanzó una OPA a un valor demasiado conveniente ex post para accionistas de LP, cuya aceptación hubiese salvado a la empresa. Bajo el control y dirección de SC no se hubiese producido el descalabro del segundo semestre del año 2009, ni del 2010, cuando la cartera reprogramada llegó al 51% de la cartera total - US$750 millones-; ni menos la de abril 2011, cuando supera los US$1.000 millones. Esta OPA demuestra la buena fe de SC y prueba de que no conocían el “tongo”.

Los hechos anteriores, muestran que los directores hasta la OPA de mayo 2009 cumplieron su labor. Había algún nivel de deterioro de la cartera pero era manejable. El error de no aceptar la OPA les costó al menos US$1.000 millones a los accionistas de LP. Los directorios que ejercieron desde junio 2009 fueron un desastre y un ejemplo de descontrol. El 2010 había denuncias masivas en Sernac e incumplimientos de parte de LP de los acuerdos reparatorios alcanzados. Además, los índices básicos de gestión de la empresa -como EBITDA y cartera promedio- eran deplorables. El directorio que aprobó la FECU de marzo 2011, y el que luego colocó $60 mil millones en efectos de comercio una semana antes de la debacle, fueron negligentes. ¿Cómo se explica la expansión a Colombia en el estado que estaba la empresa?

Los responsables aparte de gerencia y directores, son la firma de auditoria, los clasificadores de riesgo y las corredoras de bolsa que seguían recomendando comprar la acción incluso en junio 2011. Debe aclararse si la SVS y la SBIF actuaron de manera diligente los años 2009 al 2011.

Los directores debieran comenzar por devolver lo cobrado en bonos y dietas, ya que no hicieron su labor. Por otra parte, las corredoras de bolsa que mantenían la recomendación de compra el 2011 debieran recomprar al precio del día 6 de junio de 2011 las acciones a sus clientes que mantenían en esa fecha.

Llama la atención lo poco profesional que fueron las AFP y los fondos mutuos por no haber detectado los evidentes problemas de LP, los que se inferían de las FECUs del año 2010 y de marzo 2011. ¿Deben reembolsar las administradoras a los fondos?

Paul Fontaine.

Columna publicada en Diario Financiero, 24 de junio de 2011.

Accionistas esperan apoyo de 70 personas en querella por estafa

Los inversionistas minoritarios además intentaron frenar la realización de la junta de accionistas de hoy.

Esta semana otros 70 pequeños accionistas de La Polar se sumarán a la querella por estafa que presentaron otros inversionistas la semana pasada, según adelantó Bárbara Salinas, uno de los abogados que interpuso la acción la semana pasada y que también participa en la propiedad de la empresa.
"Todos se preocupan de los deudores, pero no de los pequeños inversionistas que perdimos nuestro dinero", manifestó el también abogado y accionista Luis Eduardo Villarroel, respecto del daño patrimonial que han sufrido, tras el escándalo ocurrido en la multitienda.
Él, junto a Salinas y el empresario Víctor Marzuca, presentaron ayer un recurso de protección y una orden de no innovar con el fin de frenar la junta extraordinaria fijada para hoy a las 9.30 horas de la mañana, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ellos reclaman que las decisiones que se tomen en la junta afectarán su derecho a la propiedad.
Esto, alegan, ya que indican que en la asamblea mañana estarán representados por las corredoras de bolsa, pues no alcanzaron a realizar el trámite para traspasar los poderes. Aseguran que las corredoras están "inhabilitadas", pues, a su juicio, fueron ellas "las que recomendaron la compra de dichas acciones".
A juicio del abogado Villarroel el directorio de La Polar también "está inhabilitado, por haber entregado balances falsos para citar a una junta de accionistas tan importante como ésta, que va a implicar que incluso tengamos que poner más dinero y que si no estamos dispuestos, sigamos viendo cómo pierden valor nuestras acciones".

Fuente: Economía y Negocios

Los entes fiscalizadores deben llevar tranquilidad a los mercados y evitar que se propague una sensación de desconfianza

La información que ha ido surgiendo en el caso La Polar ha hecho crecer la estimación de los perjuicios causados a los accionistas de la sociedad y al funcionamiento del mercado, y profundizan la gravedad de las responsabilidades de quienes aparecen vinculados al mismo, ya sea por haber realizado conductas indebidas, como abultar los resultados, o por no haber cumplido sus obligaciones de velar porque los hechos no ocurrieran.

Las entidades fiscalizadoras, en particular la Superintendencia de Bancos y la de Valores y Seguros, deben llevar adelante en forma rápida y rigurosa la investigación de los hechos y las responsabilidades de los involucrados, abandonando la pasividad que exhibieron luego de conocidas las denuncias. En este tipo de situaciones, la autoridad debe dar tranquilidad a los inversionistas respecto del alcance de las irregularidades, para evitar que se propague una sensación de desconfianza que cause perjuicios a la valoración de otras empresas en el mercado.

Para ello, las medidas deben ser rápidas y contundentes, evitando, por ejemplo, que se transmita la idea de que la incertidumbre perdurará. Lo señalado esta semana por el presidente de La Polar -quien antes ya integraba el directorio-, aludiendo a plazos de meses para conocer el alcance de los fraudes, resulta inaceptable y agrava el problema.El buen funcionamiento del mercado de valores y los intereses de los inversionistas -entre ellos los afiliados a las AFP- descansa, principalmente, en la calidad y confiabilidad de la información que se entrega sobre las sociedades que, como La Polar, transan sus acciones o títulos de deuda, aspectos sobre los que deben dar fe sus directores, los auditores externos, las clasificadoras de riesgo y quienes participan como colocadores de los títulos. Cuando existen conductas que afectan esa base, las sanciones deben ser ejemplarizadoras, so pena de causar un daño grave al mercado de capitales.

Del análisis de las distintas normas que rigen a los directores de las sociedades anónimas abiertas, la colocación de valores de oferta pública, la emisión de tarjetas de crédito, la función de los auditores externos y la responsabilidad de quienes administran fondos de terceros, entre otras, se desprende que existen normas suficientes para que los hechos sean aclarados y se sancionen las infracciones y delitos que se hayan cometido. Incluso, varias de ellas fueron reformadas recientemente y entregan amplias herramientas de fiscalización a las autoridades. El hecho de que estas normas sean perfectibles -tarea que deben acometer el gobierno y el Congreso- no puede inhibir la investigación o servir de excusa a quienes no cumplieron con sus obligaciones legales. Por su parte, el Sernac está llevando adelante la investigación del tratamiento dado a los deudores de la tarjeta de crédito emitida por la casa comercial, afectados también por estos hechos.

Los tribunales deberán resolver el tratamiento que corresponde dar a las repactaciones automáticas efectuadas por la empresa sin consentimiento a los deudores morosos, donde es esperable que ellas sean dejadas sin efecto y se retrotraigan a su situación anterior en condiciones equitativas.

El gobierno, del cual dependen estos entes fiscalizadores, debe ser proactivos en el tratamiento de este caso, particularmente en la entrega de información que aclare los hechos ante la opinión pública.

Fuente: La Tercera

"Pecaron, por lo menos de omisión"

La entrevista de Tomás Mosciatti al accionista de La Polar, Luis Eduardo Villarroel

La empresa de retail La Polar fue acusada de repactar unilateralmente las deudas de sus clientes. Hoy las acciones de este empresa se encuentran suspendidas y bajaron en un sólo día un 42,12%. Dentro de este negocio, con varios los perjudicados, entre ellos los accionistas de La Polar, es el caso del abogado, Luis Eduardo Villarroel, quien presentó una querella en contra de cuatro personas que pertenecen al directorio y quienes resulten responsables, "pecaron, por lo menos de omisión", señaló.

"Ellos como directorios, que son nuestros mandatarios, se supone que son profesionales. Todo el directorio es responsable por este caso, hay personas que no hicieron su trabajo", dijo Villarroel.

El directorio de La Polar aseguró que no conocían la repactación unilateral de deudas, "ellos chequean los antecedentes de las tiendas, no pueden decir que no los vieron".

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Fuente : CNN chile